ZIMMERMANN PIDE INFORME SOBRE LAS MILICIAS WICHI EN EL IMPENETRABLE

El senador Zimmermann expresó su preocupación por el accionar de milicias armadas en #ElImpenetrable y requirió al #GobiernoNacional que informe las medidas adoptadas para “encausar las situaciones conflictivas vividas en #ElSauzalito”.
El senador nacional Víctor Zimmermann presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo para que, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, responda distintos puntos sobre el accionar de la Guardia Comunitaria Whasek que viene protagonizando momentos de tensión con el resto de los habitantes de El Impenetrable chaqueño.
En su presentación, Zimmermann sostiene que “debemos aunar esfuerzos para que, en un trabajo conjunto desde Estado se establezcan estrategias y políticas públicas tendientes a asegurar el ejercicio concreto de los derechos de cada uno de los habitantes de nuestro vasto territorio, para que la transformación de la realidad de los pueblos originarios no tenga que llegar a estas instancias de conflicto y violencia”.
Entre los puntos que se plantean en el proyecto, el legislador chaqueño desea “saber si el #INAI tiene conocimiento de la actuación de esta milicia, de la confrontación social que protagonizan en nuestra provincia y de los controles de rutas que realizan”, además de conocer si “se ha desarrollado desde la autoridad nacional, un marco normativo funcional que permita el despliegue del poder de policía por las Guardias Comunitarias”.
El senador chaqueño expresa “su preocupación ante hechos denunciados respecto del accionar de la Guardia Comunitaria Whasek en El Sauzalito”, donde se produjo “la situación es muy complicada y entendemos necesario encontrar un camino para encauzar los conflictos suscitados en la Provincia del Chaco”.
Finalmente, Zimmermann pretende conocer “las respuestas dadas desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a las históricas demandas del pueblo originario wichi en El Impenetrable chaqueño” y si “existen planes y/o programas de asistencia y apoyo que permitan la pervivencia de sus identidades culturales colectivas históricas y antropológicas, en paz y armonía con la sociedad, de la que también forman parte, respecto de derechos y deberes cívicos que son debidamente exigibles”.
********************************************************************
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El H. Senado de la Nación Argentina
Manifestando su preocupación ante hechos denunciados respecto del accionar de la Guardia Comunitaria Whasek de la comunidad wichi, en El Sauzalito, #ProvinciaDelChaco, solicita al Poder Ejecutivo Nacional informe a través del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, lo siguiente:
1- ¿El Instituto tiene conocimiento de la actuación de esta suerte de milicia-ejército defensivo conocida como La Guardia Comunitaria Whasek?
2- ¿Se han tomado medidas, desde la Autoridad Nacional, respecto de la confrontación social surgida en la Provincia del Chaco?
3- ¿Tiene conocimiento el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas sobre el control de las rutas cercanas y la detención de los automóviles que las circulan, por parte de la Guardia Comunitaria Whasek?
4- ¿Existe un plan de acercamiento de las partes para mediar las dificultades vividas por los pobladores de la zona?
5- ¿Se ha desarrollado desde la autoridad nacional, un marco normativo funcional que permita el despliegue del poder de policía por las Guardias Comunitarias? En caso afirmativo:
a- ¿Cómo convergen con la competencia funcional de las comisarías zonales?
b- ¿Qué rol desempeña la Guardia Comunitaria y qué puede informarse acerca de rangos y jerarquías internas que la señalan como una milicia partidaria?
c- ¿Qué protocolos de control y fiscalización de su actuación existen?
d- ¿La Guardia Comunitaria Whasek, qué registro tiene de su actuación en términos funcionales?
e- Este tipo de guardias, ¿se habilitan en todas las comunidades de pueblos originarios del país?
f- ¿En qué norma se fundamenta el otorgamiento de facultades parapoliciales a comunidades que aspiran a la autonomía funcional?
g- ¿Cómo y con quién se establecen los vínculos, desde la Autoridad Nacional, frente a este tipo de conflictos de los pueblos originarios?
h- ¿Qué controles rigen respecto del decomiso de mercaderías en el ejercicio del cuestionado poder de policía?
6- ¿Cuáles son las respuestas dadas desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a las históricas demandas del pueblo originario wichi en el Impenetrable chaqueño?
7- ¿Existen planes y/o programas de asistencia y apoyo que  permitan la pervivencia de sus identidades culturales colectivas históricas y antropológicas, en paz y armonía con la sociedad de la que también forman parte, respecto de derechos y deberes cívicos que son debidamente exigibles? En caso afirmativo, detalle los mismos.
Víctor Zimmermann
———————————————————————————
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La preocupante situación vivida en la Provincia del Chaco la semana del 20 de abril de 2020, con repercusión en los periódicos locales, nos convoca a observar de cerca una realidad por mucho tiempo olvidada y que no se subsana con meras declamaciones que apunten a la demagógica utilización del reconocimiento de los derechos humanos por sí sola.
La comunidad wichi de la localidad de El Sauzalito, al norte de la Provincia del Chaco, en la zona del Impenetrable chaqueño sufre una deuda en materia de reconocimiento de derechos humanos que va mucho más allá del simple y declamatorio reconocimiento de los mismos.
La carta de las Naciones Unidas sobre los Derechos Universales del Hombre, posiciona a los gobiernos del mundo a cumplimentar los derechos debidos a todos los seres humanos por el solo hecho de esa condición. Pero ese reconocimiento no debe significar una prebenda que comprometa la libertad personal.
La Guardia Comunitaria de la Comunidad Wichi, fue integrada a inicio del 2019 con la finalidad de defender la reserva de El Impenetrable y evitar la entrada de drogas al territorio. Con un gran número de reclutamiento la fuerza parapolicial ha manifestado características propias de una fuerza de seguridad, al punto de vestir uniformes militares y portar armas.
En el año 2017 el Gobierno provincial entregó unas 100000 hectáreas para legitimar la reserva, lo que hoy se denomina Reserva Grande, y es asiento de su comunidad. Los reclamos al Estado provincial y Nacional, se contraponen con la utilización del Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos Indígenas y Tribales de 1989, para organizarse y tomar decisiones autónomas al Estado del que forman parte.  Porque reconociendo su identidad cultural,  también se auto reconocen como argentinos, y el Estado los reconoce. Es desde este lugar en que la presencia del Estado Nacional es necesaria para dar certeza e institucionalidad al manejo y encauzamiento de los conflictos suscitados y denunciados.
En los dos meses que anteceden se han reportado casos de tomas de colegios, y enfrentamientos con la policía, y controles de paso en los caminos provinciales, con unas 400 personas formando grupos armados que han evolucionado conforme a sus propias justificaciones internas desde su reconocimiento a partir de la Ordenanza  Municipal 952/18 del Concejo Deliberante de El Sauzalito, que reconociera y declarara de Interés la creación de la Guardia Comunitaria y Cuerpo de Bomberos del Pueblo Wichi en El Sauzalito, Wichi El Pintado, Sauzal, El Viscacheral, Tres Pozos, El Tartagal, Cevilar, y Fortín Belgrano, el 2 de Noviembre de 2018.
Desde el mes de marzo se vienen sucediendo denuncias de pobladores en El Sauzalito y Nueva Pompeya, y situaciones conflictivas con fuerzas de seguridad provincial. Una denuncia a través de un video viralizado en redes muestra a representantes de la Guardia, en una situación de requisa de un auto que atravesaba una ruta con una mujer de 35 años y su hija, en una confusa situación cargada de tensión y violencia, que determinó la intervención policial.
A mediados de marzo la toma de una escuela fue detonante de una intervención similar. Hace unas semanas atrás y ya en medio de la Pandemia obligatoria, hicieron uso del control de paso de los caminos regionales impidiendo la circulación. Y el antecedente con amplia trascendencia provincial del enfrentamiento con la prensa local que terminó de encender las señales de alarma.
No es la libertad al auto reconocimiento de las identidades culturales, ni las necesidades no cubiertas por años lo que se pone de manifiesto, -cuando debiera ser el eje central de la discusión indefectiblemente-.
Lo que nos preocupa en términos institucionales, es la legitimidad del reconocimiento que hace la mentada ordenanza cuya competencia para la creación de una fuerza parapolicial se pone en duda.
No es que las comunidades no ostenten el derecho a auto organizarse, el punto es cómo se ensambla esa auto organización en el marco de un Estado al que se pertenece.
Las realidades conflictivas de los pueblos-nación con aspiraciones independentistas pueden generar un impacto que trascienda la simple autodeterminación cultural, y este atisbo de desconocimiento de las competencias reales de las fuerzas de seguridad reviste un hecho institucional de suma importancia.
Es importante destacar que no es quizás el legítimo derecho a defenderse cuando hubiere situaciones de hostigamiento o discriminación –a los que estos pueblos han sido vilmente sometidos durante años- si no al marco de legalidad que revisten las formas para garantizar la institucionalidad debida en el marco de un Estado de Derecho.
La preocupación en medio de una Pandemia que ocupa y confina al mundo, son las implicancias que pudiera revestir la utilización de la necesidad de los que, por ser víctimas de la exclusión, pueden servir a los fines políticos de ideologías que se sirvan de estas circunstancias para propósitos desestabilizadores que estén por encima de la legalidad antes mencionada.
La preparación militar, y el uso de jerarquías de esta índole, la capacitación en Cuba o Bolivia de algunos de sus miembros, el uso de armas, control y cobro de peaje, la incautación y decomiso de mercadería, son prueba de un accionar que está por encima de esa pretensión institucional que debe ajustarse a las normas que cumplimos todos los ciudadanos argentinos.
La situación es muy complicada y entendemos necesario encontrar un camino para encauzar los conflictos suscitados en la Provincia del Chaco, asegurando el respeto y la garantía de los derechos que exigen sean cumplidos, en virtud de una realidad que nunca fue halagüeña y condenó a los pueblos originarios a una exclusión confinada al monte y la pobreza, a las necesidades y la precariedad, al rechazo y la negación.
En este marco, solicito al Poder Ejecutivo Nacional, informe a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas los ítems apuntados, entendiendo que debemos aunar esfuerzos para que, en un trabajo conjunto desde Estado se establezcan estrategias  y políticas públicas tendientes a asegurar el ejercicio concreto de los derechos de cada uno de los habitantes de nuestro vasto territorio, para que la transformación de la realidad de los pueblos originarios no tenga que llegar a estas instancias de conflicto y violencia.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares en esta Honorable Cámara, acompañen con su voto la aprobación del presente Proyecto de Comunicación.
Víctor Zimmermann
Senador Nacional
UCR – Chaco

Info que puede interesarte

TRES ISLETAS “ASALTAN A CAMIONERO CERCA DEL PUENTE SALTO LA VIEJA”

Ocurrió en la noche del Viernes 20 de Agosto en la jurisdicción del Puente SALTO …

Deja un comentario